PRESCRIPCIÓN NEGATIVA MERCANTIL. EL PLAZO PARA QUE OPERE DEBE EMPEZAR A COMPUTARSE A PARTIR DE LA FECHA O MOMENTO EN QUE SE TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LOS HECHOS QUE SUSTENTARÁN LA ACCIÓN RESPECTIVA.

Época: Novena Época

Registro: 164721

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXXI, Abril de 2010

Materia(s): Civil

Tesis: XXXI.10 C

Página: 2793

PRESCRIPCIÓN NEGATIVA MERCANTIL. EL PLAZO PARA QUE OPERE DEBE EMPEZAR A COMPUTARSE A PARTIR DE LA FECHA O MOMENTO EN QUE SE TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LOS HECHOS QUE SUSTENTARÁN LA ACCIÓN RESPECTIVA.

De la interpretación armónica de los artículos 1040 y 1047 del Código de Comercio, se obtiene que cuando la ley de la materia no prevea un plazo específico para la prescripción de las acciones, es decir, por excepción, ésta operará por el transcurso del término de 10 años, que deberá computarse a partir del día en que las acciones derivadas de actos comerciales pudieron ser legalmente ejercidas en juicio. Ahora bien, atento al primero de los dispositivos legales en mención, es dable concluir que el momento para ejercer una acción, nace desde que el interesado conoce (ya sea por notificación judicial o extrajudicial, o por cualquier otro acto, aun cuando no sea de naturaleza jurídica), de los hechos que sustentarán su reclamo, dado que es a partir de ahí que tienen la facultad de ejercer sus derechos, pues es obvio que cuando desconoce los acontecimientos que originen su pretensión, no estará en aptitud legal de acudir a los órganos jurisdiccionales, para reclamar sus derechos. Así, es incuestionable que para realizar el cómputo del plazo relativo a la prescripción negativa en materia mercantil (diez años), debe partirse -necesariamente- de la fecha en que el promovente o interesado conoció o se enteró de los hechos en que pretenda sustentar su acción, pues es a partir de ese momento en que estará facultado para ejercer sus derechos en la vía correspondiente o exigir el cumplimiento de una obligación, ya que de considerar que el término debe computarse desde que se realizó el acto que originó la acción, implicaría dejar al arbitrio de las partes la decisión sobre la procedencia o improcedencia de tal figura jurídica -que es de orden público-, sin que hubiera necesidad de que se acreditaran los extremos correspondientes.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 713/2009. Ramón Ochoa Franco. 3 de febrero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: David Alberto Barredo Villanueva. Secretaria: Janai Keren Valdés Gómez.