Época:
Novena Época
Registro:
165197
Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo
de Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo
XXXI, Febrero de 2010
Materia(s):
Civil
Tesis:
I.4o.C.212 C
Página:
2890
PRESCRIPCIÓN
EXTINTIVA Y CADUCIDAD. DIFERENCIAS.
Aun
cuando la prescripción y la caducidad son medios extintivos de las relaciones
jurídicas, por virtud del transcurso del tiempo, entre ellas existen diferencias
notables, en cuanto a la materia sobre la que actúan, la
previsibilidad de la duración del derecho sujeto a tales figuras, la finalidad
perseguida con su regulación, la causa que las genera, el interés protegido por
ellas, la disponibilidad de los derechos sujetos a prescripción y las
particularidades del cómputo de los plazos en una y otra institución. La prescripción
tiene como materia, por regla general, derechos subjetivos y, por ende, actúa
en una concreta y particular relación jurídica con sujetos determinados, donde
respecto de un objeto específico hay una correlación entre derecho-deber.
La duración del derecho sujeto a prescripción es imprevisible, porque una vez
que ha nacido y se ha hecho exigible, es difícil saber con certeza cuándo
concluye, porque el plazo de prescripción se suspende cuando el ejercicio del
derecho se encuentra obstaculizado, o bien, puede ser interrumpido, con el
consecuente reinicio del plazo fijado en la ley (artículos 1166, 1167 y 1168 del Código
Civil para el Distrito Federal). La finalidad de la prescripción es
descrita por el autor Santoro Passarelli como
la oportunidad de lograr la adecuación de una situación de hecho a una
situación de derecho. Esto ocurre si un derecho subjetivo no se hace valer, por
quien podría hacerlo, durante cierto tiempo (situación de hecho) entonces, ante
tal impasibilidad, el derecho mismo es perdido por su titular (situación de
derecho). La
causa de la prescripción es subjetiva, consiste en la inercia del titular del
derecho subjetivo, para hacerlo valer en el plazo que la ley prevé. De
ahí que si el hecho causante de la prescripción es la inercia de su titular
durante cierto tiempo, es explicable que no se pierdan por prescripción los
derechos cuya pertenencia al sujeto no dependa de la voluntad de éste, así como
que la existencia de situaciones y acontecimientos que den lugar a que la falta
de ejercicio del derecho no tenga como causa la inercia voluntaria de su
titular hayan de influir en el curso de la prescripción, lo cual debe tenerse
presente para el cómputo del plazo. Es de llamar la atención que está prohibido renunciar al
derecho de prescribir en lo sucesivo (última parte del artículo 1141 del Código
Civil para el Distrito Federal). Esto se debe a que en la
prescripción, el interés protegido es el interés público de que los derechos se
ejerzan. Por ese motivo, la inactividad en que al respecto incurra su titular
no debe exceder de determinado plazo, pues si el tiempo fijado por la ley se
cumple, surge a favor del sujeto pasivo de la relación jurídica, el derecho de
disponer de lo que, como resultado de la inercia de dicho titular, ya le
corresponde. En cuanto a la disponibilidad de los derechos sujetos a
prescripción, ya se vio que si la causa que la origina es la inercia de su
titular durante cierto tiempo, esto influye en que la institución no actúe en
derechos que escapen a la voluntad del titular y, por ende, los derechos
respecto a los cuales el titular no pueda disponer son imprescriptibles, pues
si no dependen de su voluntad, ésta (expresada a través de la impasibilidad y el
no hacer) no puede dar origen a su pérdida. Aunque no es admisible la renuncia
al derecho de prescribir para lo sucesivo, en cambio, se permite la renuncia de la prescripción
sobrevenida (primera parte del artículo 1141 del Código Civil para el
Distrito Federal) esto es, no obstante la inercia del titular del
derecho durante todo el plazo fijado en la ley para su ejercicio, con la
consecuente extinción de la relación jurídica, si así lo decide la voluntad del
sujeto pasivo, éste puede cumplir con lo que se obligó, ya que puede disponer
de lo que por la adecuación de la situación de hecho a la situación de derecho,
quedó dentro de su patrimonio. Ésta es la causa por la cual, en juicio seguido contra el
obligado, no es admisible que el Juez invoque de oficio a la prescripción, sino
que ésta sólo opera cuando es opuesta como excepción, pues depende
de la voluntad del sujeto pasivo cumplir con la obligación contraída, o bien,
disponer de lo surgido a su favor como resultado de la inercia de su
contraparte. En
la prescripción existen circunstancias que alteran el cómputo del plazo, porque
lo impiden, suspenden o interrumpen. Se impide la prescripción
mientras el derecho no pueda hacerse valer, tal como sucede cuando está sujeto
a una condición suspensiva, o sólo existe la expectativa de un derecho. La
suspensión se da cuando pese a que el derecho puede hacerse valer, su ejercicio
está obstaculizado, ya sea por la condición jurídica en que se encuentra su
titular (verbigracia, por su incapacidad legal para obrar, sin que se haya
discernido su tutela, en conformidad con el artículo 1168 del Código Civil para el
Distrito Federal), o por una especial conexión jurídica entre el titular del
derecho y el sujeto pasivo (por ejemplo, entre ascendientes y
descendientes, durante la patria potestad, respecto a los bienes a que los
segundos tengan derecho conforme a la ley, en términos de la fracción I del
artículo 1167 del Código Civil para el Distrito Federal). La
prescripción se interrumpe,
en conformidad con el artículo 1168 del Código Civil para el Distrito Federal,
por la presentación de la demanda, por un acto del acreedor, apto para
constituir en mora al deudor, o por el reconocimiento del derecho por parte del
sujeto pasivo. A
diferencia de la prescripción, cuyas notas fundamentales se han
precisado, en la caducidad se advierten las siguientes características: En
cuanto a la materia en que recae, por regla general, la caducidad actúa sobre
una potestad (derecho potestativo) respecto de la cual limita su ejercicio al
preciso plazo previsto en la ley, de manera que cuando éste fenece queda
extinguida la posibilidad de que se haga valer. Se habla de derecho
potestativo, en el sentido de que atribuye a una persona la potestad de
producir, mediante su declaración de voluntad, la creación, modificación o
extinción de una relación jurídica, con eficacia hacia otros sujetos de
derecho. Éstos no tienen propiamente la calidad de obligados, sino que están
sometidos a tener que admitir los efectos que resulten del ejercicio del derecho
potestativo, lo cual explica la necesidad de que en un tiempo preciso se
conozca cuál es la situación jurídica que prevalece, como consecuencia de que
tal potestad se ejerza o no. La potestad sujeta a caducidad tiene una duración
prefijada (tanto tiempo, tanto derecho), por lo que el conocimiento de su
momento inicial implica necesariamente el conocimiento del final; por eso se
habla de caducidad, cuando la potestad se extingue por haber transcurrido el
tiempo que tenía fijado taxativamente desde que nació. La finalidad de la
caducidad no es la exigencia de conformar la situación de hecho a la situación
de derecho, sino crear certidumbre jurídica. Responde a la necesidad de dar
seguridad al tráfico jurídico. A diferencia de la prescripción, la causa de la
caducidad no depende del hecho subjetivo de la inercia del titular del derecho
durante cierto tiempo, sino del hecho objetivo de la falta de ejercicio de la
potestad en el plazo fatal previsto por la ley. En cuanto al interés protegido,
por regla general, la caducidad legal protege intereses superiores, aun cuando
puede también establecerse excepcionalmente para tutelar un interés particular.
Tocante a la disponibilidad, en la caducidad no se está ante derechos
disponibles, en los cuales rija la autonomía de la voluntad, por consiguiente:
a) No se admite la renuncia de la caducidad sobrevenida, y b) La caducidad
admite ser invocada de oficio por el juzgador. Por regla general en la
caducidad no influyen las dificultades para su ejercicio, por ello no hay causas
de impedimento, suspensión e interrupción. Simplemente la potestad se ejerce o
no. Por excepción, el inicio del plazo puede ser postergado por alguna
circunstancia prevista expresamente en la ley. En el artículo 331 del Código Civil para el
Distrito Federal se advierte un ejemplo de esta situación. Las
referidas características se ejemplifican a continuación, en tres casos: 1. La impugnación
de paternidad. No obstante que en conformidad con el artículo 324
del Código Civil para el Distrito Federal se presumen hijos de los cónyuges,
los nacidos dentro de matrimonio, así como los nacidos dentro de los
trescientos días siguientes a su disolución, en el artículo 330 del propio ordenamiento
se confiere al cónyuge varón la potestad de impugnar la paternidad, dentro de
sesenta días contados desde que tuvo conocimiento del nacimiento. 2. La
revocación de donaciones. En términos generales los contratos deben
cumplirse; pero en atención a que el donante pudiera haber realizado el acto de
liberalidad cuando no tenía hijos, en el artículo 2359 del referido ordenamiento, se
prevé la potestad del donante para revocar la donación porque le haya
sobrevenido algún hijo, dentro del plazo de cinco años de celebrado el
contrato, fenecido ese plazo, sin que haya revocado la donación ésta se vuelve
irrevocable. 3.
El divorcio necesario en el ámbito federal. El artículo 278 del Código Civil Federal
(así como los ordenamientos similares de las entidades federativas) confiere al
cónyuge que no haya dado motivo al divorcio, respecto a determinadas causas, la
potestad de demandarlo dentro del plazo de seis meses, siguientes al día en que
haya conocido de los hechos en que funda su pretensión. Como se puede observar,
en los tres casos ejemplificativos, el derecho (potestativo) que se ejercita no
es correlativo a una obligación. En esos casos, el hijo, la madre de éste, el
donatario, el cónyuge culpable y en general toda persona que se vea afectada
con el ejercicio de esas potestades, no tienen la calidad de obligados en
relación a un determinado derecho subjetivo, sino que están sometidos a tener
que sufrir los efectos resultantes del ejercicio del derecho potestativo. En
cada caso la ley prevé el momento inicial del plazo para el ejercicio de la
potestad, lo cual implica el conocimiento de su término. Sólo en el caso del
desconocimiento de la paternidad, en el artículo 331 del Código Civil para el Distrito Federal
se prevé la postergación del inicio del plazo, en el supuesto de que el cónyuge
varón se encuentre incapacitado, hasta que haya salido de la tutela. Sin
embargo, como ya se dijo, excepcionalmente, la ley prevé la postergación del momento
inicial del plazo de caducidad, y este precepto es un claro ejemplo de ello. El
interés protegido con la caducidad en esos casos atiende respectivamente, al
interés superior de la estabilidad de la familia, al particular interés de
proteger el patrimonio del donante cuando le ha sobrevenido un hijo, y al interés
superior de que los matrimonios no se disuelvan fácilmente (según la concepción
de la época en que se creó el precepto, al reconocerlo así la exposición de
motivos). También se puede advertir que esos derechos potestativos
pueden generar un sinnúmero de situaciones cuya existencia dependerá de que la
potestad se ejercite o no. Una vez que vence el plazo fatal previsto en la ley,
sin que se ejerza la potestad, se crea certidumbre en los derechos y
situaciones jurídicas con las cuales está vinculada la potestad. Aplicado esto
a los ejemplos resulta que: la calidad de hijo se torna indiscutible, se
consolida la transmisión de la propiedad realizada por el donante antes de que
le sobreviniera un hijo, y el matrimonio subsiste aun cuando en su momento uno
de los cónyuges haya dado motivo para el divorcio. Lo hasta aquí expuesto hace
patente las diferencias existentes entre la prescripción y la caducidad.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo
directo 456/2008. Rosa María Franco Martínez, su sucesión. 20 de febrero de
2009. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria:
Leticia Araceli López Espíndola.
Nota: Por ejecutoria del 30 de
marzo de 2011, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis
293/2010, derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en
esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la
denuncia respectiva.
